En España, el régimen de guarda y custodia compartida se ha implementado de manera progresiva, siendo a día de hoy la medida deseable a aplicar en aquellas familias, siempre y cuando no existan motivos que aconsejen impedir su aplicación.

Este régimen, recogido escuetamente en el artículo 92 de nuestro Código Civil, y carácter excepcional, está siendo objeto de desarrollo jurisprudencial mientras que se aprueba una ley que la regule adecuadamente como un modelo de custodia más.

Desafortunadamente, este régimen no encuentra cobertura legal en otros países, a pesar de los beneficios claros para el interés superior de los niños, que es lo que prima en nuestro ordenamiento por encima del de los progenitores.

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Cuando se navega entre libros de forma constante, de vez en cuando aparece una perla que invita a reflexionar sin que sea necesario que sea un éxito de ventas o un best seller en términos anglosajones. El libro Los últimos del escritor Paco Cerdá expone de forma contundente y dramática cómo en nuestra piel de toro se está produciendo un proceso de despoblación importante en grandes zonas del país por la atomización en grandes núcleos de población y la concentración a lo largo de nuestro más que extenso litoral donde, además, acentúa su atractivo económico el fenómeno turístico.

El inexorable proceso está provocando unos extensos vacíos territoriales produciéndose la muerte por abandono de centenares de núcleos urbanos de pequeña dimensión, que provocan de forma inmediata la ruina de los pueblos y territorios circundantes afecto a los mismos. No obstante, debemos pensar que esos vacíos no sólo provocan el abandono físico, sino que conllevan el desarraigo de los ciudadanos, habitantes que por puro aislamiento desconectan de la realidad y la cohesión del país.

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Nos encontramos en un momento muy complejo de la vida nacional, donde los grandes problemas que afectan a la estructura y funcionamiento de Estado acaparan la atención mediática: los fallidos Presupuestos del Estado de 2019, la evolución del “procés” de Cataluña y el juicio en el Tribunal Supremo de los líderes del Independentismo. Pero junto a estos problemas mayores hay realidades profundas que están presentes en la vida cotidiana y que es preciso afrontar desde los gobiernos y desde la sociedad civil.

El resultado de estas Elecciones Generales nos puede traer la consolidación y mejora de los cuarenta años de la Constitución y la Transición o una deriva peligrosa hacia soluciones populistas o independentistas.

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Más allá de las cuestiones procesales que se suscitan en el juicio del proceso soberanista, bajo la inequívoca y ejemplar garantía de los Magistrados que conocen la causa, sea dicho, más allá de la prueba anticipada y minuciosamente preconstituida, nos quedará en la mente una cuestión de no escasa relevancia como es la relativa al papel del relator internacional, de esa esperpéntica figura del “experto independiente”, que subyaciendo a todos los movimientos de desvarío que se han venido produciendo en estos últimos años -también en su concepción económica-, estuvieron a punto de colársela a nuestro Gobierno y, en ello, de desvirtuar la naturaleza que representa la tutela jurídica depositada en el alto Tribunal que lo enjuicia.

Marcada por una esmerada hoja de ruta de sus impulsores, incomprensiblemente consentida durante tantos años, sorprende la deplorable actitud de algunos movimientos populistas -incluso disfrazados de partidos políticos- en mantenerla viva, bajo esa descerebrada invocación permanente que supone el apotegma político de intentar ofrecernos una perspectiva de las cosas distorsionada, a la postre, de anteponer sus intereses particulares a los generales de España. Es manifiesto que España les cansa, y sin duda les estorba en sus objetivos.

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