Tras las elecciones del 26 de mayo de 2019 numerosos (se habla ya de unos 140 recursos presentados) fueron los fallos en el sistema de recuento de votos y volcado de datos.
En esos recuentos posteriores se han decidido ayuntamientos, e incluso importantes ciudades, como Ibiza o León.
Todos recordamos como Bush hijo arrebató la presidencia de Estados Unidos a Al Gore, por el reñido recuento en Florida.
El líder demócrata recurrió a la Corte Suprema estadounidense, la cual, de mayoría conservadora, archivó el caso. Nunca sabremos quien había realmente ganado esas cruciales elecciones, pero sobre todo nunca olvidaremos como cambió el mundo tras esa dudosa victoria.
Estas situaciones nos plantean dudas que no podemos, o no deberíamos obviar.
¿Son seguras nuestras elecciones? ¿El recuento manual, vigilado por los interventores de cada partido, nos garantiza el correcto traslado de contenido de las urnas a los resultados finales? ¿Es el voto por correo un voto seguro? ¿Hay manera de amañar unas elecciones?
En definitiva, una reflexión sobre democracia y tecnología se hace hoy, más que nunca, necesaria, debido a la compleja y creciente interrelación entre las dos realidades.
La moderna tecnología de la información permite hoy la participación no presencial y, por tanto, facilita la participación ciudadana-y- la repercusión mediática de todas las opciones. Pero la tecnología por sí sola no produce cambios culturales ni políticos. Para que surta un efecto real en la democracia, la tecnología debe aumentar el civismo de la sociedad, incluir a los “desconectados” y para ello debe existir un efecto sostenido en el tiempo de alfabetización digital, una democratización de las herramientas virtuales, que permitan la participación de la gran mayoría de los ciudadanos.
Es así como nace el concepto de Smart Democracy, Democracia 3.0 o democracia inteligente. Los políticos deben tener acceso a las redes sociales y comunicarse directamente con su electorado, con sus aliados y con sus adversarios. Esta interacción provoca tanto una creciente presión de la opinión pública sobre el político, como sobre el partido, pero también ofrece nuevas vías de persuasión y conquista del electorado. Por lo tanto se hace preceptivo un nuevo liderazgo, que no rehúya del contacto directo y que aumente el personalismo del servidor público, obligado a rendir cuentas on-line por sus decisiones y resultados. Por otro lado nacen nuevas figuras. El ciber activista aquel ciudadano interesado en participar activamente en política y que sabe cómo usar las herramientas de la web, el infociudadano o el clicktivista, el activista del click. En ambos casos, se aumenta la participación ciudadana, pero se puede obtener un efecto desmovilizador, considerando suficiente el click, o la tele-opinión, en la participación ciudadana. Como apunta David Caldevilla:
“De su impacto más profundo en política sólo estamos ante la punta del iceberg: nuevas formas de movilización, liderazgo y retórica; nuevas formas de planteamiento en las campañas electorales; un lugar diferente y nuevas obligaciones para los partidos políticos. Por encima, podemos decir que estamos ante una nueva forma de hacer y pensar la política, que entiende la importancia de la conversación e interacción social y el cambio cultural hacia el soporte virtual como que haceres al menos tan importantes como el ejercicio de la Administración”
Por este motivo, ahora, toca preguntarse sobre la efectividad y la legitimidad de estos movimientos deliberativos o participativos. Si realmente ayudan a una toma de conciencia e implicación de la sociedad civil, o si por el contrario son utilizados de manera oportunista por sectores sociales interesados en potenciar supuestas democracias directas, asamblearias o participativas, mediante discursos populistas y rupturistas. No cabe duda de que la participación de la población es siempre un elemento positivo, pero es indudable también que la fiabilidad de las fuentes y la validez de la democracia representativa en el marco constitucional, son elementos básicos para protegernos de las paradojas y endemismos del sistema democrático, así como para luchar contra la manipulación de las masas.
En este contexto es donde se puede afirmar que hoy estamos viviendo una nueva transformación, un proceso de progresiva implantación de mecanismos participativos que, al menos en un futuro inmediato, no aspiran a sustituir por completo al sistema representativo existente heredado de las estructuras del siglo XIX, sino a complementarlo y enriquecerlo con una fuente mayor de legitimidad.
La democracia participativa se puede ver, por tanto, con todas las reservas, como una evolución de las democracias representativas de partidos desarrolladas a lo largo del siglo XX. El principio de fondo es que la mayor legitimidad política que puede recibir una decisión pública es la que el conjunto de la ciudadanía, después de una participación racional y esmerada, puede conferir mediante su voluntad soberana. En la medida en que pueda garantizarse una participación democrática de calidad, ya no queda ninguna excusa para no abrir los necesarios espacios complementarios de participación.
Las precondiciones de la democracia deliberativa son muy exigentes y empiezan por tener una ciudadanía informada y a la que interese la política, respetuosa con las leyes y los procedimientos de decisiones políticas, y dispuesta a dejarse guiar por las consideraciones del bien común y el interés general. Unos elementos, todos ellos, que nos muestran la gran complejidad de las prioridades políticas en materia de legitimidad democrática. Pero es cierto que los ciudadanos pueden no querer o no poder participar, y esto no merma su estatus de individuo político. No todos podemos saber o conocer sobre todas las materias, además, algunas de ellas como la seguridad o la defensa no puede ser objeto de Votación popular. Los políticos electos deben profesionalizar la delegación, desde un punto de vista técnico, del mandato, ofreciendo las mejores soluciones para la mayoría y protegiendo las minorías. Este último punto es fundamental en contra de la toma de decisiones solo por voto en diferido.
Ante todo hay que dejar claro que la tecnología por sí sola no produce cambios culturales ni políticos. Para que surta un efecto real en la democracia, la tecnología debe aumentar el civismo de la sociedad e incluir a los “desconectados”. En otras palabras, se debe reducir la brecha digital, mediante un efecto sostenido en el tiempo de alfabetización informática y democratización de las herramientas virtuales, que permitan la participación de la gran mayoría de los ciudadanos.
Los simulacros de participación a través de las tecnologías de la información y de la comunicación pueden tener incluso, como ya hemos apuntado, un efecto desmovilizador de las masas, al convertirse en un clicktivismo de sillón.
Así mismo, las redes sociales al ofrecer más opciones pueden generar un efecto fragmentador y no de cohesión, lo que puede llevar a una infértil polarización.
Cabe preguntarse si los movimientos defensores de la democracia directa, no busquen más esta polarización de las masas como estrategia política, que como respuesta o implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones.
En lo que respecta a la seguridad y en la realidad de los datos, hay que apuntar que cuantas más herramientas informativas haya, mayor control y transparencia habrá, pero sobre todo destacamos que estamos ante un proceso irreversible donde la escucha activa de políticos e instituciones y la participación de la sociedad civil, serán la norma y no la excepción.
Las redes sociales desempeñan una labor esencial para entender el fenómeno, al manejar los datos de miles de millones de usuarios y erigirse como fuente primaria de noticias para la mayoría de ellos.
En la obra de Manuel Arias Maldonado, La democracia sentimental (2016) se analizan los aspectos más emocionales de la política; y cómo a través de las redes sociales se pueden contagiar sentimientos y generar notables manipulaciones en las masas. Todo ello genera una tendencia clara hacia la banalización y polarización de la política a través de las redes sociales, y provoca la necesidad académica de estudiar como determinados partidos o movimientos son más efectivos que otros en su aprovechamiento.
Según Kelsey Campbell-Donovan asistimos al auge de la “democracia algorítmica”, que básicamente funciona segmentando las preferencias del usuario para ofrecerle estímulos de opinión sobre las bases de sus propias preferencias, es decir, reforzando sus ideas o prejuicios políticos. En definitiva, las redes sociales, Internet y los nuevos medios de comunicación empoderan a individuos o grupos que antes eran marginales.
Este es el riesgo de estas nuevas herramientas, que, como tales, según su uso, pueden favorecer o empeorar el funcionamiento democrático. Así mismo, la duda sobre el hackeo de datos y resultados impone un control férreo de las posibilidades de voto electrónico y su recuento.
¿Cómo resolver estos problemas? Existen muchas reticencias sobre el sistema Blockchain al relacionarlo, por desconocimiento, con la internet profunda o con los volátiles Bitcoins, pero la realidad es que, en un futuro muy próximo, justamente la respuesta a nuestras dudas y miedos sobre el recuento electoral se encontrará en este segurísimo protocolo informático.
Hoy en día ya se realizan diariamente, mediante el protocolo Blockchain, Smart contracts a miles de kilómetros de distancia, se mueven miles de millones a través de las criptomonedas, y hasta nuestras habituales conversaciones de whatsapp están protegidas por códigos encriptados. Habrá debate, pero la protección del voto a través de los más seguros protocolos informáticos dará más garantías que los votos y recuentos manuales. La entrada del Blockchain en la administración pública es solo cuestión de tiempo y afectará a los Registros de la Propiedad, Civiles y Mercantiles, a los Consulados, a los Ayuntamientos, y a gremios tan afianzados como los de los Notarios o los Registradores, por citar solo algunos.
Es la evolución de la democracia, una nueva R-Evolución.
Dra. Alessia Putin
Abogada y Profesora
Este artículo contiene partes extraídas del libro “Participación y Exclusión Política: causas, mecanismos y consecuencias”, cap. 37, pag. 723-737. Editorial Tirant Lo Blanch, 2018