SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL Y SISTEMA DE PENSIONES

SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL Y SISTEMA DE PENSIONES

«Reconocemos la necesidad de fortalecer la solidaridad entre las generaciones y las asociaciones intergeneracionales, teniendo presentes las necesidades particulares de los más mayores y los más jóvenes y de alentar las relaciones solidarias entre generaciones» (Art. 16 Declaración Política sobre el Envejecimiento, Asamblea Naciones Unidas, 2002).

Cuando rememoramos el cuarenta cumpleaños de la Constitución Española, fruto de una Transición ordenada y reconciliadora de otros cuarenta años de encontrados recuerdos, en esta doble onomástica, se antoja obligado hacer una justo reconocimiento de sus logros, principalmente, en dos de sus manifestaciones más relevantes: el estado de bienestar y el factor de sostenibilidad de las pensiones de nuestros mayores y el salario de nuestros jóvenes.

Nadie duda que España durante este periodo, superado o, en otro caso, ajenos al marco mental de la era franquista, hasta la irrupción de la crisis financiera, simbolizada en la caída del banco Lehman Brothers, ha disfrutado del mayor esplendor social, económico y, cumple señalar, a la vista del momento que atravesamos, también político de su historia. Al punto que España, en su trascendencia social (Estado de Bienestar), habría superado sus históricos complejos de pesimismo o debilidad en el contexto internacional, para situarse en cotas de referencia nunca conocidas. Pero estos logros no están exentos de riesgos, en ello, de la necesidad de plasmas -orgullo nacional- que licuen su normal desarrollo social.

En esta vertiente económico-social, los principales organismos internacionales (Banco mundial, FMI, OCDE, …) nos vienen examinando, distinguiendo este esfuerzo y éxitos, a más de situarnos en estos años como eje referencial en el contexto europeo. Como así bien reseña el Presidente de “Foro España” en su manifiesto fundacional, desde aquellos años 80 (impulso de los valores promulgados por la CE), el PIB por habitante se ha triplicado, superando a los de los países de su entorno, el gasto sanitario por persona se ha multiplicado por 2,5 (tres veces más médicos y hospitales, país líder en trasplantes, reducción vertiginosa de la mortalidad infantil,…), siendo que la esperanza de vida se ha situado en diez años superior a la datada en los años 80. Y, en el ámbito de la educación, fuente esencial del despegue de la competitividad, producto del importante incremento del gasto público en esta partida (pasa del 2,2 al 4,3 por ciento de 1978 a 2014), ha permitido a España que ocupe el puesto 26º del Índice de Competitividad Global, en este año 2018.

En esto, que gobernar -independientemente del color de quien ocupe en cada momento este sillón- suponga asumir estos compromisos y, por esenciales en su desarrollo, el de la incorporación al mundo laboral de nuestros jóvenes conforme a sus capacidades y, en su fase final, de un sistema acorde en las pensiones de nuestros mayores, garantizando un sistema de revalorización justo y equilibrado que supere los avatares y efectos de la inflación.

Apelando a ese espíritu constitucional que transformó nuestro estado de bienestar, es llegado el momento de abordar con serenidad y necesaria eficiencia el sistema de pensiones actual, lo que sin duda conllevará superar el presente sistema de reparto (financiación con las aportaciones únicas de los trabajadores en activo) por otros mixtos, como puede ser el modelo alemán (mezcla de aportaciones obligatorias de los trabajadores en activo y privados, con incentivos), esto es, de una adecuada mezcla entre el sistema de reparto y el de capitalización (obligatoria), y/o el de implementación del coste de las pensiones en el balance de la empresa (contratación de pólizas de seguro con fondos o entidades aseguradoras independientes), entre otras alternativas comparativamente válidas.

Una experiencia clarificadora reciente de esta transformación la ofrece el modelo sueco, que ha pasado de un modelo equivalente al actual nuestro, a otro basado en aportaciones definida, si bien obligatorias, dejando a la discreción del trabajador -sobre unos tipos preestablecidos- las aportaciones a cuentas nacionales y cuentas individuales que él mismo elige.

En todo caso, los expertos coinciden que el futuro pasa por la potenciación de los planes de pensiones privados, y a buen seguro, en ese debate nacional que conlleva esta compleja decisión (sostenibilidad del sistema de pensiones), la mirada se tornará en la búsqueda de un equilibrio de los modelos reseñados (alemán y sueco), así de (1) subvenciones e incentivos de los planes privados y (2) la obligatoriedad de los mismos. En el primer sentido, ofreciendo ventajas tanto a la empresa/empleador, como al empleado (abaratamiento de costes (IRPF y TGSS), ventajas fiscales, mayor flexibilidad, etc.). Porque lo cierto y verdad es que, a futuro, la sola variable de afiliados a la Seguridad Social para garantizar el futuro de las pensiones se entiende insuficiente, por demás de crear una profunda incertidumbre e inseguridad a estos perceptores.

Lo que constituye un hecho incontestable es que el sistema actual de pensiones públicas no se diseñó bajo una situación como la que estamos viviendo, caracterizada en su ámbito endógeno por irrupción de parámetros tales como una alta movilidad geográfica y social de nuestras empresas, altas cotas de paro (superando en los últimos años el 20%), una esperanza de vida que supera los 80 años,…, de otra, en su vertiente exógena, bajo un marco de endeudamiento exacerbado y de una significativa dependencia exterior del sistema financiero. Todos ellos, factores que afectan a los ingresos (pensiones contributivas) de la Seguridad Social.

En este estado de cosas (según registra el Informe Trimestral nº 1/2018 del Boletín Económico del Banco de España), el patrimonio dedicado a planes de pensiones, en su relación con el crecimiento de la economía, representa el 9,5% del PIB, “lo que en comparación con otras economías de la OCDE, situaría a España entre los países en los que el peso de estos instrumentos es más reducido”. Para poner de manifiesto, en lo que aquí se pretende destacar, que las diferencias entre los países de nuestro entorno están relacionadas con el distinto grado de cobertura de los sistemas públicos, las preferencias que sobre el ahorro tienen las familias y las distintas políticas de cada estado para el fomento de los sistemas privados (“En el caso de los hogares españoles, el peso de los fondos de pensiones con respecto a otras alternativas de inversión financiera es bajo, suponen solo el 5% de su patrimonio financiero”).

En todo ello, que no baste una mente cortoplacista para superar esta situación, sino de un análisis serio de los parámetros que conducen la economía actual, como referentes de las decisiones que nos lleven a establecer el porcentaje de renta nacional que hemos de destinar a pensiones, de su relación con el crecimiento de la economía (PIB), el nivel de endeudamiento de nuestro país, a la postre, de una decisión política que se fundamente y acoja los principios solidarios que concitaron los consensos para conformar la Constitución del 78, y, en singular, de lo previsto en su artículo 2 (“in fine”), relativa a la necesaria solidaridad entre las distintas comunidades, transportable a las nuevas generaciones.

Este objetivo difícilmente será factible sin un previo pacto intergeneracional, que evite las brechas insolidarias que actualmente se dan en estos dos segmentos sociales (economía activa/inactiva), lo que pasa por encontrar un medido equilibrio entre dos variables no necesariamente contrapuestas, cuales son la fijación de un Salario Mínimo Interprofesional acorde con la productividad generada y la creación de un modelo de pensiones que tenga en cuenta el nuevo panorama económico-productivo. La revolución digital no es una opción, es una necesidad imperante que ha de llevarnos al replanteamiento de nuestras economías tradicionales.

 

Jesús Verdes

Socio Fundador

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