A horas de conocer la sentencia del Alto Tribunal sobre los investigados por el procés, hace al caso rendir tributo a la memoria y hacer la cuenta del importante coste socio-económico que este descabellado y desenfrenado “affair” político está representando para la economía española y, de forma muy especial, para la catalana. Y todo a fin de implementar unas gotas de sensatez para que este drama no tenga consecuencias de las que podamos pagar un precio de consecuencias sin duda imprevisibles.
En esta obligada visión retrospectiva, en revisión parangonable todavía reciente, que no olvidemos los altos costes que soportó la economía vasca a causa de la extorsión del terrorismo, y de su incidencia en la economía nacional (descritos en soberbio trabajo monográfico de investigación por los profesores Pablo Díaz Morlán y Borja Montaño: “El coste económico de las extorsión en el País Vasco”).
En aquellos años, al consabido drama de la importante deslocalización de empresas y expresiva huida de empresarios que caracterizaron tan dolorosos momentos, en lo económico, se sumaron una importante pérdida de oportunidades en variables tan relevantes como la caída de la inversión extranjera, o del turismo…, en suma, del resentimiento que estos hechos derivados -en este caso- por el “procés” están incidiendo con fuerza en el comportamiento de las principales variables macroeconómicas (PIB, Paro…). De todo esto, hoy existen datos estadísticos e informes que hacen irrefutable esta correlación socio-económica. De forma que, de no ser abordados con prontitud y necesaria sabiduría, con diálogo permanente pero con la contundencia de las decisiones perdurables en el tiempo, puedan correr el riesgo de degenerar en daños irreversibles para nuestro sistema socio-político.
De sus consecuencias, dan buena cuenta y sientan predicado -entre otros muchos- los informes Funcas y BBVA Research que, por primera vez desde el inicio de esta serie histórica, Madrid en el ejercicio 2018 dio el “sorpasso”, alcanzando esta comunidad el liderazgo de la aportación de sus variables macroeconómicas al PIB, que hasta entonces venía ostentando Cataluña (muy por encima del resto de las comunidades autónomas), consolidándose este dato en el presente año 2019, tanto en cuota como en volumen.
Esta irresistible caída se constata -unánimemente- de todos los indicadores económicos que, si bien residencian las causas del cambio de esta tendencia en dos circunstancias, por una parte, desde la vertiente estrictamente económica, a la mayor velocidad de Madrid en la salida de la crisis, la residencian y acentúan de forma notoria y determinante en el desafío secesionista operado contra el Estado, primero, de forma subrepticia y hoy, a partir de la consulta unilateral del 1-O, de forma abierta e indisimulada.
En ello que, de no ponerse coto y corregirse este desvarío en el que se ha instalado “una parte” de los políticos catalanes, a buen decir, el 1-O constituirá un triste punto de inflexión en la evolución de esta brecha, haciéndose sucesivamente más sangrante para la economía catalana, in fine, del estado de bienestar de los catalanes.
En esta deriva, por más de torticeramente invocado desde las esferas separatistas, que sea obligado mirarse en el espejo de “Quebec”, y recuperar la nítida imagen retrospectiva de los costes sociales y económicos que tuvieron para esta región las sucesivas consultas secesionistas, por analógicas a nuestro caso, de los efectos que supusieron para las economías interregionales más próximas.
Así, respecto de Madrid (de igual forma a otras comunidades: Aragón, Valencia, …), está suponiendo -beneficiándose de- la acogida de una significativa parte -por exclusiva en su condición económica- de la renta per cápita y del empleo catalán, así como de un tránsito a su favor con derecho a perdurar de las inversiones extranjeras y nacionales. Al final de este túnel, también, a la sazón de lo acontecido en Quebec, de los suculentos -por imprevistos- beneficios que las masas turística y demás variables migratorias les llevaron a una reducción de la brecha que este importante emporio económico mantenía respecto de las principales competidoras canadienses, que -a la postre- se aprovecharon de estas políticas separatistas.
Porque, por más que se empeñe la Generalitat en afirmar que el saldo inversor en este año está siendo positivo, incluso de sostener que se revisará al alza, lo cierto y verdad es que las previsiones de la inversión extranjera en Cataluña, que ya cayó un 11,7% en 2018, para este ejercicio son de continuidad en la senda descendente que inició de forma ostensible en el cuarto trimestre del 2017, según datos del DataInvex del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
A lo anterior, a modo de hemorragia imparable (las estadísticas no confunden) se anuda el drama de la deslocalización de empresas, mudanza silenciosa que en los últimos diez años de deriva soberanista alcanza la nada despreciable cifra de las 8.000 sociedades mercantiles, en un lamentable final, en beneficio colateral de otras comunidades, preferentemente de la Valenciana, Aragón, País Vasco y, en los últimos dieciocho meses, de forma exponencial para la comunidad madrileña.
Esta caída se manifiesta de forma directamente proporcional a la pérdida de la cuota de inversiones y traslado de servicios empresariales, decimos, en favor de las comunidades de Aragón, Valencia y Madrid. Basta poner la vista en esta correlación de datos, para comprobar que del análisis del PIB (diferencia de crecimiento), ratificado en la nueva dirección que están tomando las inversiones, tanto nacional como extranjera, a partir del 1-O (2017) se denota un traslado imparable de la riqueza de Cataluña en favor de las comunidades limítrofes y, en los últimos tiempos, de forma especial residenciada en el importante despegue económico de Madrid.
Constituye un hecho indubitado que, paralelamente a la fuga de estas empresas, desde que se celebró el simulacro de referéndum catalán (2017), incluso aunque más tímidamente con anterioridad a este hito político, los efectos del cambio de domicilio -social y/o fiscal- ha llevado aparejado un detrimento proporcional en el apartado de ingresos fiscales, en buena medida derivado del consumo transferido a otras comunidades, concluimos, consecuencia del desplazamiento de personal asalariado y, en especial, de la capacidad económica de sus altos directivos, que ostentan un mayor poder adquisitivo.
La consecuencia inmediata del impacto de este desaforado pulso secesionista, en varios momentos próximo al colapso económico de no haber mediado la intervención de la administración central, está obligando a la Generalitat a implementar una mayor presión fiscal. Este cambio en la política fiscal, dentro de sus facultades delegadas, empezó con la creación de más de quince nuevas figuras impositivas bajo el tripartito (PSC, ERC e ICV), que afectarían de forma prioritaria a los impuestos diferidos, particularmente: de IRPF, Patrimonio y al de Sucesiones y Donaciones. Obviamente, no sin que en el discurso público irreverente de su máximo representante (el Honorable) se pierda ocasión para acusar a otras regiones de una orquestada competencia fiscal desleal, a fin de cuentas, rechazando cualquier efecto que sobre este incontestable impacto económico negativo pueda tener la deriva independentista.
Y no menos lo será en otra de las principales (segunda) partidas que configuran el PIB nacional, su impacto en el sector turístico, el cual ha recibido un severo correctivo (bajada del 13,9% a diciembre de 2018 respecto del año anterior). Cumple significarlo, la mayor caída registrada por una comunidad autónoma en toda la fase de la recuperación tras la crisis, para dejar este “ratio” muy por debajo de la medida nacional, que creció -en el número de turistas- en un 4,1% en ese periodo.
Siendo España una de las grandes potencias en este sector junto a Francia y EEUU, con los que se disputa la primera plaza en número de turistas, Cataluña ha sido de forma indiscutible la región más importante de España, un porcentaje de acogida comparativamente próxima al 25% del total nacional. Sin duda, los sucesivos malos datos que arroja esta dinámica estadística, detectados de forma alineada y alarmante como consecuencia del desafío secesionista -por demás de otras causas: atentados, inseguridad ciudadana…, – denuncian la bajada preocupante de los turistas extranjeros a Cataluña. Referencia estadística que, asimismo, constata y contrasta el desvío de este flujo turístico hacia otras comunidades, preferentemente -decimos- de la Comunidad aragonesa, valenciana y madrileña, en términos porcentuales.
Bajo estos datos, es incontestable que la incertidumbre generada por el desafío independentista está en la base de la caída del turismo en los últimos tiempos. De lo contrario, Cataluña seguiría avanzando al ritmo del resto de España. Como lo es que las noticias del “procés” llegan con más intensidad -proporcionalmente- a sus conciudadanos nacionales, que es donde más están dañando al turismo, que a los turistas extranjeros. In fine, nos lleva a deducir que la incertidumbre política que generan las noticias sobre el “proces” está poniendo a prueba los pilares de la economía catalana, de otra manera, en sentido contrario, que de no ponerse pronto remedio a los efectos que transmiten estos datos, conllevarán importantes desequilibrios en la actual configuración de la economía nacional. Por difícil que sea, se hace necesario cuantificar estos costes, previo a establecer los diagnósticos.
En la seguridad irrefutable de que la sociedad catalana y, por ende, en sus parámetros económicos también España, son los sufridores directos de un “procés” incontrolado, la ciudadanía necesita disponer de una información fiable y concreta de los costes económicos que suponen este desafío secesionista, tanto en su vertiente internacional como nacional, en mayor medida si cabe estando inmersos en un proceso electoral.
Y malo será que en ese reiterado y chulesco envalentonamiento institucional, con tintes inconscientemente permisibles a manifestaciones violentas, sus descerebradas proclamas consigan contagiar el -por esencia- tranquilo ambiente social catalán, a la postre, que la calle se haga eco de esta deriva. Aunque fuera minúsculo este triunfo, solo fuera parcial, nos detraería a tiempos de recuerdo indeseado (País Vasco).
En conclusión recurrente de mis otras intervenciones, que hayamos de apelar a la sensatez de nuestros políticos, a que miren con grandeza de miras en el ejemplificante espejo de aquellos hombres de Estado que forjaron nuestra Transición. Generación ilustrada, que bajo un meritorio desprendimiento personal y profesional sin precedentes en nuestra historia reciente, más si cabe, en encomiable actitud en aras a los brillantes curriculums académicos y trayectorias profesionales que precedían a su sobrevenido rol político (incluimos al Honorable Tarradellas), tuvieron la generosidad y clarividencia para superar sus diferencias y, en ejemplar transversalidad, llevar a España al momento del máximo esplendor social y económico conocido en su historia, en todos sus órdenes.
Como ciudadanos, en definitiva, para que en tiempos de tanta mediocridad asentada en un falso progresismo intelectual monopolista, les demandemos una mayor altura de miras, a la sazón, de los políticos de aquellos añorados momentos, que devinieron en nuestro mayor estadio de esplendor socio-económico. En la seguridad de que en tal referencia encontrarán una respuesta a esta descontrolada dinámica secesionista.
Jesús Verdes
Socio Fundador