Muchos esperábamos que presentara una síntesis de la posición gubernativa sobre los grandes temas que tiene planteada la vida nacional: el proceso secesionista catalán, la financiación de las Comunidades Autónomas, la reforma laboral, la alta tasa de paro, la lucha contra la corrupción, la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2019….Ninguno de ellos fue el centro del encuentro.

Tal vez podría haber abordado las iniciativas de su Gobierno que han ocupado los titulares de la prensa: las reformas fiscales del IRPF y otros impuestos, la sanidad universal, la exhumación de los restos de Franco, los cambios en algunas normas laborales, las diferencias con los tribunales europeos… Pero tampoco en estas cuestiones se puso énfasis.
El gran titular de sus 100 días fue: “Sánchez anuncia una reforma exprés de la Constitución para eliminar los aforamientos”. El tema del aforamiento es políticamente importante y muy complejo. Afecta en España a unas 250.000 personas, de las cuales más de 232.000 pertenecen a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas. El resto corresponde a jueces, fiscales y a políticos de ámbito nacional o regional. La medida que ahora propone el gobierno afectaría solamente a los diputados, senadores y miembros del Gobierno y sólo de forma parcial.

La propuesta gubernamental significaría la derogación de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, y el riesgo claro de provocar un Referéndum si lo pide el 10% de los Diputados; y Podemos ya ha anunciado su propósito de proponerlo. Y ello implicaría un durísimo debate – aunque no necesariamente una aprobación- de todas las reformas planteadas a la Constitución: estructura autonómica, competencias de las Comunidades y su financiación, derechos básicos de los ciudadanos, derecho de autodeterminación, la forma del Estado… Y luego habría que afrontar con precisión la supresión o modificación del aforamiento en el resto de los sectores afectados. Aunque la opinión de suprimir o reformar el aforamiento es prácticamente unánime entre los partidos políticos, en el proceso y forma de abordarlo hay claras diferencias.

En conclusión, en este tema, como en otros Acuerdos de Estado no se puede empezar con grandes titulares. Es preciso un periodo de negociación reservada y profunda, para llegar a unos acuerdos básicos entre los partidos que deben aprobarlos en las Cortes.

El gobierno de Pedro Sánchez aún no ha dado muestras claras de hacia donde quiere dirigir su política. Debe dejar atrás las declaraciones y adentrarse en las grandes cuestiones de Estado.

Salvador Sánchez-Terán
Presidente