Inexorablemente va acercándose el día en que España va a tener definitivamente la sentencia del Tribunal Supremo en relación al juicio de los políticos catalanes que perpetraron un auténtico golpe de estado institucional en Cataluña. Sabemos que por enorme meticulosidad y respeto que el juez Marchena haya derramado en las largas jornadas del juicio, las defensas de los acusados van a acabar presentando el expediente en el tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, La Haya y donde haga falta, argumentando una violación de los derechos fundamentales de los acusados y demás afrentas hacia personas de bien que lo hicieron todo como una broma, o no lo hicieron en absoluto, o no fueron conscientes de que lo hacían.

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Tras las elecciones del 26 de mayo de 2019 numerosos (se habla ya de unos 140 recursos presentados) fueron los fallos en el sistema de recuento de votos y volcado de datos.

En esos recuentos posteriores se han decidido ayuntamientos, e incluso importantes ciudades, como Ibiza o León.

Todos recordamos como Bush hijo arrebató la presidencia de Estados Unidos a Al Gore, por el reñido recuento en Florida.

El líder demócrata recurrió a la Corte Suprema estadounidense, la cual, de mayoría conservadora, archivó el caso. Nunca sabremos quien había realmente ganado esas cruciales elecciones, pero sobre todo nunca olvidaremos como cambió el mundo tras esa dudosa victoria.

Estas situaciones nos plantean dudas que no podemos, o no deberíamos obviar.

¿Son seguras nuestras elecciones? ¿El recuento manual, vigilado por los interventores de cada partido, nos garantiza el correcto traslado de contenido de las urnas a los resultados finales? ¿Es el voto por correo un voto seguro? ¿Hay manera de amañar unas elecciones?

En definitiva, una reflexión sobre democracia y tecnología se hace hoy, más que nunca, necesaria, debido a la compleja y creciente interrelación entre las dos realidades.

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Tras este cansino y en algunos momentos tedioso periodo electoral, en la fase terminal del periodo concedido a los partidos políticos para alcanzar acuerdos de gobierno, toca que el flamante Sanchez tome las riendas cuanto antes de la política económica sobre la que se asentarán los destinos de nuestro país para los próximos cuatro años. Que en este “quid pro quo” de las complejas alianzas que se despachan entre bambalinas para constituir los nuevos espacios políticos, se despejen las dudas de las cuestiones socio-económicas relevantes que verdaderamente preocupan al ciudadano de a pie.

Sobre la base de que en el año 2015, con la irrupción de los dos partidos satélites (Podemos y Ciudadanos), se trastocó el sistema bipartidista surgido “in natura” de las sucesivas elecciones que devinieron a la Transición, derivando en lo que se ha conocido como el “bipartidismo imperfecto”. A vista y propósito de los sendos resultados electorales, bien se puede convenir que los españoles demandan la recuperación de los dos grandes bloques, centristas por centrados, sin renunciar a la alternancia. De una parte, el bloque de “centroizquierda” (abanderado por el PSOE) y, de otra, la “centroderecha” (enmarcado en el PP, por demás de las segmentaciones partidistas que una distinta interpretación en el modo de abordar el problema del nacionalismo excluyente haya tenido en el florecimiento de nuevos partidos adyacentes a este nuevo visionado -Ciudadanos y Vox-).

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