Las cosas del votar

Las cosas del votar

Como es ya bien sabido el ejercicio de una ciudadanía activa en una democracia moderna no se limita al acto de votar. Nuestras pautas de consumo, nuestro estilo de vida o nuestra movilización promoviendo o apoyando iniciativas propias de la sociedad civil son elementos cada vez más relevantes. Es por eso cada día más frecuente que con nuestra tarjeta de crédito tengamos más capacidad de influir en la marcha del mundo que con nuestra papeleta de voto.

Pero, dicho esto, es evidente que votar es un acto fundamental en la democracia. Y no el votar de cualquier modo, sino el votar como se debe votar. Quién vota, cómo y cuándo se vota y qué se vota son tan importantes como el votar mismo. De hecho son el votar mismo como es notorio para cualquier persona con mediana cultura cívica y pese a que tantas formas de populismo intenten ocultarlo hoy en el mundo. Hay que ser ya un poco tonto, a estas alturas de la historia, para no darse cuenta de que en el siglo XXI las tiranías más peligrosas también saben ganar sus votaciones.

Pondré un ejemplo aquí que me parece ineludible. Cualquier fórmula de referéndum que se baraja hoy por algunos para encauzar el conflicto en Cataluña será radicalmente injusta. Y lo será, no por ser referéndum, sino por ser precisamente ahora – en una fase no consensuada de un proceso largo y complejo -, y por ser un solo referéndum y no varios – que es el verdadero meollo del asunto. Una sola votación, en el caso catalán, elude que el conjunto de la ciudadanía española debe pronunciarse también, y previamente, en cualquier decisión legítima sobre cualquier modificación en las condiciones de permanencia o no permanencia de una parte de su actual territorio. También y previamente parecen dos exigencias justas e ineludibles que los partidarios de que la democracia sea votar cualquier cosa y de cualquier manera omiten sistemáticamente. Se engaña así a mucha gente haciéndonos creer que el señor Puigdemont quiere votar y otros no le dejan cuando la realidad es que el señor Puigdemont quiere que se vote como él dice, quien él dice, cuando él dice y lo que él dice y exige que no tengan validez otras votaciones del pasado o del futuro y que no se pueda votar de ninguna otra manera.

Esto no es un punto de vista político, es, en mi opinión, ética fundamental, de esa que cualquier ser humano de buena voluntad y luces medianas acaba suscribiendo tras un simple ejercicio de atención. La imposición de un único referéndum, de uno solo, y no de varios, como llegado el cuestionable caso debería ser, es una más de las múltiples formas de agresión e injusticia objetiva que los promotores del secesionismo catalán ejercen sobre la sociedad española en general y sobre la catalana en particular.

Con las cosas de comer no se juega, dice la conocida frase de un pueblo como el nuestro que sabe lo que es pasar hambre. Con las cosas de votar tampoco, tendríamos que añadir en estas fechas por tantos y tantos motivos.

Y en este escenario de confusión votacional viene a añadirse ahora una noticia más, que no es noticia sino recordatorio. El recordatorio de una situación que se arrastra, según parece, desde 2011 y que atañe al voto rogado de los ciudadanos españoles en el extranjero y a su formidable peripecia para llegar a tiempo con su voto. No es materia tan grave como la anterior pero es materia seria porque toca a las cosas del votar. A la propia condición formal de ciudadano.

No es preciso describir los detalles del asunto porque quedan bien descritos en la prensa nacional. Además, por eso mismo, seguro que hay algún aspecto importante que desconocemos. Pero sí quisiera adjuntar una reflexión al hilo de lo que se lleva dicho.

España tiene pendiente la rectificación de un sistema electoral descompensado que ha dejado de facto la marcha de la nación en manos de algunas zonas rurales de dos de sus autonomías, entre otras cosas. Este privilegio consentido generosa y lealmente por todos los españoles en reconocimiento general de la identidad histórica de algunos ciudadanos, lejos de favorecer la concordia y la gobernabilidad de la nación se ha convertido en uno de sus principales males endémicos. Y este debate ineludible no puede hacerse sin tener como meta el acuerdo de fuerzas políticas que tengan tras de sí al menos tres cuartas partes del voto de la nación. Concreto tres cuartas partes para indicar un amplísimo consenso político dentro del cual hay que resolver también el tema del voto en el extranjero.

Aunque la noción de consenso está siendo sometida hoy a criticas certeras que muestran también sus potenciales peligros políticos – el consenso no siempre es la solución para todo -, es evidente que tocar reglas de voto en una democracia es cambiar las reglas de juego mientras se está jugando y esta es una operación extremadamente delicada que equivale a hacer trampas en el noventa y nueve por ciento de los casos. Por esta razón todo lo que afecte a la normativa para que la ciudadanía vote y a las condiciones en las que lo va a hacer debería estar amplísimamente consensuado y, por tanto, lo más alejado posible de la capacidad de decisión de tan solo uno o dos partidos políticos.

Pero tan importante como preservar ciertas cosas de la capacidad de decisión de los partidos políticos es preservarla de su capacidad de indecisión y el asunto del voto rogado es un ejemplo eminente. Un ejemplo más a añadir a una larga lista de tareas no hechas por nuestros parlamentarios.

Afirma Bernanos en algún lugar de su obra que los grandes pecados de nuestras vidas son siempre de omisión. Los de nuestros grandes partidos políticos en estos años de democracia desde luego sí lo han sido, y traigo a colación del lector aquí una larga lista de asuntos que lo prueba. Una lista que encabeza, desde luego, el laberinto catalán pero que contiene otros tales como el pacto educativo – entiéndase, el verdadero, el de PP y PSOE, no nos dejamos engañar ya a estas alturas -, la reforma de las pensiones, las competencias territoriales, el pacto del agua, etc…

Es muy probable que la dificultad para reformar el proceso de votación de los españoles en el extranjero se deba también a la complejidad técnica del tema. Pero no solo. El que una vez más nos pille el toro de una legislatura agotada sin la tarea hecha – sin una tarea fundamental hecha – apunta a que no ha habido solamente dificultad técnica. Esta situación no puede explicarse sin al menos uno de tres factores políticos que merece la pena destacar y, probablemente, sin los tres.

El primero es el del calculismo electoral a corto plazo – o a largo, que al caso da lo mismo – por el que es imposible que un partido se forme un criterio claro sobre lo que conviene hacer, en casos como éste, hasta que no tiene prospecciones de voto en la mano. El segundo es la incapacidad genética del PSOE y del PP – y, eventualmente de un núcleo estable de su electorado – para unir sus votos en y su acción de gobierno en todas aquellas ocasiones en las que el interés general de la ciudadanía española lo requiere. El tercero es, sencillamente, la pereza, la falta de diligencia en atender tareas importantes y trabajosas a medio y largo plazo pero no urgentes para hoy.

Estos tres factores patológicos de nuestra gobernanza son importantes porque ponen en claro la utilidad de algo que no llamaré nacionalismo, por no abrir otro debate, sino sentido responsable de nación. Se trata de una actitud política o sentimiento cívico básico que se orienta principalmente hacia la vida de personas – no tanto hacia la Champions o el Mundial de futbol – y que permite situar los intereses primordiales de una nación por encima de los de un partido, una empresa o un particular, por legítimos que sean. Otra forma de decirlo es la de que consiste en una preocupación efectiva por los derechos y el bienestar de todos nuestros conciudadanos por el mero y específico hecho de serlo.

El sentido responsable de nación no es, pues, una emoción colectiva. No paraliza las calles ni silba himnos en los estadios, no da la espalda a la inteligencia ni asume que el pasado debe determinar el futuro. Y, sobre todo, no olvida que el valor político supremo es la justicia y que ningún interés nacional puede colocarse jamás sobre ella. Consiste, más bien, en el reconocimiento de que una comunidad política no es viable sin una mínima vertebración afectiva y simbólica, de que las naciones son también sujetos reales de la historia y de que tenemos una obligación especial de solidaridad, cuidado y responsabilidad hacia nuestros conciudadanos con independencia que estemos o no de acuerdo con ellos sobre a quién hay que votar o cómo hay que vivir.

Unos niveles de sentido responsable de nación excesivamente bajos en la clase política y/o la ciudadanía de una democracia hacen que los tres factores patológicos que acabo de mencionar se disparen como el colesterol con el fuagrás. Y lo que nos vuelve a pasar otra vez en estas elecciones con el asunto del voto rogado es un indicador muy sintomático de que los tiros vayan por aquí.

La sociedad civil española tiene la obligación de sopesar los motivos por los que, en asuntos como lo que hemos mencionado, llevemos varias legislaturas de retraso. Y también debe, en mi opinión, penalizar seriamente a aquellos partidos – o aquellos discursos de partido – cuyo sentido responsable de nación parece tan bajo que se han mostrado o se muestran recurrentemente incapaces de gobernar la nación cuando es preciso concitar consensos estratégicos con adversarios políticos tradicionales, incluso en aquellos ámbitos que afectan directamente a las reglas del juego: a las cosas del votar.

 

Ignacio Quintanilla

Vicepresidente

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