El presidente interino Sánchez ha dado pronta prueba de su extremismo al amagar con retomar su totalitaria propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica, que critiqué en estas mismas páginas (ver Expansión de 15 de febrero de 2018).

Dicha propuesta, apoyada por todos los partidos subversivos del Congreso, incluye literalmente la creación de una “Comisión de la Verdad” (tan fiel a la verdad como lo era el Pravda, naturalmente) que fije una única verdad oficial admisible sobre lo acontecido en España entre 1936 y 1978, castigando con hasta cuatro años de cárcel a quienes no se sometan a tal imposición (periodistas, historiadores, docentes, funcionarios…), destruyendo los libros y documentos que se consideren prohibidos y convirtiendo en “víctimas” y “demócratas” a los sádicos torturadores y asesinos de las checas, por ejemplo, que asesinaron a cerca de 70.000 personas por ser católicas o de derechas. Además de su sectarismo patológico, la vulneración de derechos y libertades constitucionales que implica este texto es inadmisible: destruye la libertad ideológica, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza y el derecho de fundación, y vulnera también, cómo no, la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Pero es que, además, políticamente estamos ante un torpedo nuclear que busca hundir la Transición, dinamitar la Constitución y deslegitimar nuestra monarquía constitucional y nuestro sistema de libertades democráticas. Zapatero, con su siniestra agenda de cambio de régimen, plantó la semilla; Rajoy la regó con su inacción culpable y el radical Sánchez, que sería feliz liderando un nuevo Frente Popular con los comunistas-leninistas con los que se reúne en secreto, nos quiere obligar por la fuerza a comer su fruto envenenado…

Fuente: Fpcs

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