PGE 2019 o la crónica de un acto de deslealtad institucional, sin precedentes

PGE 2019 o la crónica de un acto de deslealtad institucional, sin precedentes

En la visión popular de los PGE, hoy, por nunca concebible en el sentido político-social que abanderó la promulgación de nuestra carta magna, más allá del contenido de una redistribución equitativa en la aplicación de los recursos públicos, se cierne la sombra de una irreverente infidelidad en los propósitos que subyacen a su aprobación. Sin disimulo alguno, se advierte una peligrosa deriva al abismo de la desmembración de uno de los sacros principios que inspirara en su Preámbulo nuestra Constitución (sic. “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de España”).

Cuando de forma tan sistemática como cansina vemos sometida su aprobación a un “independentismo” unilateral en su configuración y salvaje en sus formas, aunque solo lo fuere en su mera manifestación de intenciones, no deja de representar un menosprecio al resto de los pueblos de España, que se agrava aún más cuando se articula bajo soflamas al más puro estilo supremacista: “el independentismo no aprobará los PGE mientras existan muros a la autodeterminación” (dixit, Torra 22/01/2019).

Es sabido que gobernar sin presupuestos no es terreno fértil en el superior objetivo de alcanzar una equilibrada política social, a más que acelera la crispación y pone freno a la sana dinámica de pactos en la obligada concertación que exige este debate. Pero en su encuentro no todo vale. Que hayamos de cuestionarnos si la concepción y bases de estos pactos bajo un contexto de provocación institucional hayan de ser asumidos a cualquier precio. En términos al uso, si es permisible traspasar las líneas rojas marcadas por la Constitución que nos dimos, sin oír previamente a quienes la votamos.

Declaraciones como las realizadas en el reciente y grotesco Congreso constituyente de la Crida por la República, en el que se erige a su impulsor, un huido de la justicia como primer presidente, no deja de ser un insulto a la inteligencia política y un abyecto chantaje al sistema establecido, a las reglas de juego democrático; por demás que estas acciones deslegitimen sus postulados siquiera para sentarse en una mesa de negociación. Circunstancia esta que solo habría de ser subsanable si previamente se da una formal rectificación.

Sentado como premisa que se han cruzado las fronteras de lo admisible en política de concertación, se requiere de una previa aclaración antes de retomarse cualquier contacto. De esta manera, de no darse este inicial presupuesto de respeto y lealtad institucional, que el ciudadano deba demandar de nuestros políticos una respuesta contundente y un cierre de filas de los partidos constitucionalistas.

Porque a estas alturas no se oculta, todos sabemos que no es indisimulada -sin sortilegios en su expresión social- la pretensión de los instantes de este desaforado movimiento catalanista, que no de todos catalanes. Así, como en la fábula de Esopo (“la zorra y las uvas”), este movimiento se aviene a la negociación de los PGE no por lo que anhelan del reparto de esta suculenta tarta -por trascendente en términos económicos, también- cuanto por las ventajas que les proporciona esta inimaginable coyuntura en su estrategia y táctica separatista, que bajo otro mapa político les sería inalcanzable.

Otrora difícilmente pensable, que se soslayen del debate y de la confrontación de ideas que deben anteceder a la aprobación de los PGE cuestiones social y económicamente tan relevantes como son la guerra comercial iniciada por Estados Unidos, la pérdida de referencia de la economía europea, el Brexit o la incipiente desaceleración percibida en nuestra economía en favor del “monotema” catalán. Este irremediable castigo, con el que diariamente nos flagelamos, transmite un indeseado desasosiego y cansancio en el ciudadano corriente, provocado por la quimera de unos pocos ilusos – minoritarios en votos- incomprensiblemente dirigidos por un pérfido prófugo.

De nada vale que se estimule a este movimiento separatista -respecto del resto de comunidades autónomas- con una elevación de más del 15% de la inversión pública (en términos comparativos, más del 65% en relación con las cuentas del año anterior), aún de que sea la mayor del Estado.

Será así, en el aprovechamiento de un abatido gobierno surgido a medio de “forceps”, en su propia configuración, que no baste con dar gusto al expolio económico que conllevan “per se” los discursos separatistas, en ello, de conseguir un crecimiento presupuestario sostenible e inclusivo, sencillamente porque no responden a sus objetivos tácticos y estratégicos, que no son otros que beneficiarse de esta coyuntura de confusión para reforzar su utopía soberanista, a la corta, incentivados por la matemática de los votos en su relato último: inyectar oxígeno a su doctrina.

Nunca como ahora los fines sociales implementados en las partidas presupuestarias que conforman los PGE han estado tan secuestrados al canon del marketing socio-político de este movimiento doctrinal, en sus ensoñaciones secesionistas, al punto que resulta más propio del romanticismo crepuscular de un drama wagneriano que de una pretensión alcanzable, por mucho que la táctica esté en agotar al contrario. En esta medida ambigüedad, lo relevante no es si sube el gasto en pensiones, en educación y cultura o de las políticas contra el desempleo, cuanto “qué” concesiones tenemos que ofrecer a los incendiarios de esta deriva catalanista para salvar los PGE, en otro ideario, de medir el coste social para mantenerse en el poder. En este devenir: gana la confusión, pierde España.

Bajo este escenario pasan a un segundo plano de la opinión pública respecto temas transcendentes como si la deuda consolidada de las administraciones públicas bajará en el año 2019 a un porcentaje próximo al 95% del PIB, o si el alza del SMI y de las pensiones será superior a la media del ejercicio anterior. Deja de interesar el coste social de esta costelar conformación mayoritaria, incluso a costa de la futura estabilidad política de España, en aras de mantenerse en el poder. En esto que no sea dable promover arengas amables como la subida del SMI, de las pensiones o mejora del empleo, todas ellas iniciativas sensibles al estado emocional de los ciudadanos en el corto plazo, al precio de desestabilizar los pilares en los que se asienta nuestra convivencia.

Porque no podemos obviar que por encima de las líneas maestras que fijemos para reducir el déficit público, de la subida/bajada de impuestos o de la mayor o menor cobertura de las necesidades inmanentes que tienen que resolver los PGE, está nuestra carta fundacional, la solidaridad interregional que nos dimos en el pacto social suscrito en el año 1978. Y eso es lo que subyace al momento que nos toca vivir.

Es la hora entonces de tocar a rebato, de anteponer en la visión presupuestaria de nuestras cuentas públicas los principios solidarios en los que se sustentan nuestros fundamentos constitucionales, sobre los coyunturales de los distintos partidos políticos. En su mandato, de prever y evitar subterfugios secesionistas, siempre latentes y a la espera de oportunidades de debilidad en nuestro estado de bienestar. Entre otras razones, por especialmente sensible en este momento, porque así lo piden la mayoría de los catalanes -a tenor de los resultados de las últimas elecciones autonómicas- que rechazan la automutilación que representa esta obsesión separatista, ávida de aprovechar los huecos que deja la bondad de un sistema integrador.

En suma, sea dicho en obligada síntesis, para que términos como autonomía, referéndum u otros similares queden desterrados del pacto presupuestario que requiere la aprobación de las cuentas públicas. A la postre, para que ni Madrid, ni Galicia o La Rioja puedan verse castigadas por azares de una coyuntura política que no sea la estrictamente presupuestaria, aquella que encuentre acomodo en el equilibrio interregional y de solidaridad alentado por nuestra Constitución.

 

Jesús Verdes Lezana.

Socio Fundador

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública. Abogado.

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