¿Y ahora qué?, se preguntarán los ciudadanos de bien, otrora, anatema que circulará en estos momentos por los pasillos de los despachos gubernamentales. Y no por esperada, a la vista de los acontecimientos políticos de las últimas semanas, en que se daba la última vuelta de tuerca a sus socios por la irreverente y desleal maquinaria separatista catalana. Era cuestión de tiempo que se llevara a las galernas de la condena más cruel y severa a los PGE y, en ello, al gobierno de turno. Empero, no podía ser de otra manera. En vista a la explosiva concepción y descabellada composición en que se gestó esta mayoría parlamentaria; mal parida a medio de “fórceps”, el “process” se encargaría de darle público escarnio expiatorio a su gestor.
Y así bien que se encargaron de escenificarlo, como decimos para escarnio expiatorio de sus socios. Y afirmamos esto porque ya previo a este sombrío debate parlamentario, era un canto universal – visión de una “muerte anunciada”- la debilidad de los PGE, tanto si salían adelante su votación (una mochila difícil de digerir después de la deriva de las últimas declaraciones, que no contentó a propios ni a ajenos, y a la subsiguiente contundencia de la manifestación del pasado sábado). La ruptura matrimonial estaba cantada.
En esta irreversible situación de hecho, si no queremos sufrir en mayor medida los efectos de esta hemorragia contaminante, se antoja necesario alzar un telón de optimismo producto en todo caso de un análisis reflexivo, que debe centrarse en los errores cometidos y, posiblemente también, en la purga de actitudes y compañeros de viaje. En términos políticos, llega el momento de redefinir la táctica en pro de una estrategia que ha resultado fallida. En su nuevo devenir, de someter a revisión las fortalezas y debilidades de una política que se forjó frágil y peligrosa en su nacimiento. Así, de ser un pacto basado en la improvisación y carente de una definición en sus objetivos, de ser esta una constante que ha pululado en su devenir, a la postre, ha constituido el elemento básico sobre el que se anticipó el fracaso de cualquier posterior negociación de los PGE.
A estas alturas, es una obviedad constatar que a este hito le ha precedido un manifiesto error de cálculo, y esperemos que sirva de valoración. Sería corto de miras, y un ultraje a la inteligencia ciudadana pensar que este final es el resultado de haber atraído a la negociación del “process” la figura del “relator”, a lo sumo, será la gota que colmó el vaso. De mantenerse por algún partido político esta tesis simplista, a buen seguro, supondría una equivocación de efectos políticos irreparables (y llueve sobre mojado), y en todo caso una visión reduccionista del problema.
A esta señal antecede y constituye el desencadenante de todo este esperpéntico “affaire” en su forma e inaceptable en su fondo, el hartazgo ciudadano por una política errática en materia tan sensible -por patrimonial en el sentido nacional, que no nacionalista- como es la ruptura del principio de unidad territorial. En ello, que sea bueno para los actores de este drama que, en esta coyuntura, se identifiquen con una claridad meridiana los porqués y consecuencias de su actuación, pero sin atajos, si no se quiere repetir la historia. Analizar, a la postre, el cuadro de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de una cuestión tan sensible como relevante en el futuro del ciudadano de pie. Confundir y entremezclar estas cuestiones, temas de estado con políticas partidarias, no constituye el adecuado camino a este fin.
Porque, a la postre, lo que le enerva al ciudadano corriente no es tanto (a más de constituir un obligado código de buenas conductas) que por el Presidente se haga uso particular del Falcon para asistir a acontecimientos familiares o personales, el nombramiento de su esposa en puestos que bajo otro contexto estarían fuera de su alcance, incluso la compra por un político de una casa extraña al código de conducta que públicamente propugna, cuanto que de forma impúdica se ataque su esencia, in fine, su condición de español, su sentimiento nacional.
El postureo en unos casos, los continuos desplantes cuando no el más desvergonzado ninguneo de esta minoría catalana hacia nuestros representantes requería de una respuesta contundente ciudadana. A mayores, envestidos en la provocación permanente y el insulto más soez de un President desleal e inmoral, que de forma grotesca ha permitido el envalentonamiento de sus rufianes a medio de insultos indiscriminados a todos los españoles (a modo de casta protegida), hace que los ánimos de los ciudadanos honestos -en justicia democrática- hayan dicho “basta y hasta aquí” hemos llegado.
En esto, que tachar de “fascista” la manifestación del pasado sábado, más que coadyuvar a atemperar los ánimos, provoque el efecto contrario, solo sea como secuencia propia de un análisis comparativo de las declaraciones que han devenido a las múltiples y reiteradas manifestaciones de los “borrocas” separatistas convocadas a son de trompeta por su President, respecto del comportamiento ejemplar de los asistentes a la manifestación,. Así, de esta manera, debe quedar claro de inicio que ni en su convocatoria, ni en su desarrollo y fines democráticos son comparables ambas movilizaciones, si no queremos atentar a los principios en que se sustenta la convivencia democrática de este ejemplar país. Imágenes de Quim Torra alentando a la bronca callejera no son de recibo y, como tales, no deben quedar frustradas en el olvido de nuestros representantes. Y en ello abiertos al diálogo constructivo, si bien previo a sentarse de nuevo que haya de preceder una llamada al necesario retracto, del rechazo a las cesiones que provengan de argucias cargadas de inmoralidad o insultos a la otra parte.
Nuestra reciente historia nos avala para enorgullecernos de constituir hoy un país abierto y tolerante, en cuya consecución han sido determinantes nuestros conciudadanos catalanes de bien. De este talante democrático y progresista, y muestra de la madurez política de nuestras instituciones y de sus ciudadanos, que se hayan dejado aparcados asuntos tales como la necesaria y apremiante defensa de las pensiones o de la injusta brecha salarial abierta a raíz de la crisis, en pro de definir nuestro ADN nacional, de hacer prevalecer a cualquier diálogo el respeto a nuestra condición de españoles, sin ser menospreciados cuando no vilipendiados bajo una bastarda interpretación de la constitución, buscando los beneficios y el amparo de actitudes que son rechazables en cualquier contexto racional.
Entristece en todo caso -y no queremos dudar de su buena intencionalidad- que se desmorone de esta manera el fulgor de un Presidente constitucionalista, pero en la culpa va la penitencia, de aquellos polvos (unión forzada de un partido que apoya y reivindica los modelos iraníes o Venezolanos, incluso justificando la dramática situación existencial de sus conciudadanos, con un Otegui endiosado en escarnio de sus víctimas al hab3r conseguido atraer a su tierra a sus correligionarios presos, de estos históricos y desleales separatistas, …) estos lodos.
Y en esta penitencia, que instemos a los representantes de los distintos partidos políticos para que reivindiquen su condición de “partidos constitucionalistas”, más allá de su legítimo derecho a hacer valer sus hechos diferenciales. En suma, que antepongan la estrategia de medio y largo plazo a su táctica, en su papel subyacente y dependiente.
Más allá de no haber tenido la posibilidad de argumentar en sede negociadora parlamentaria la complicada senda del déficit público o el techo del gasto público, está la defensa nuestros valores constitucionales. Así también, que al ciudadano le intereses que más allá del lugar elegido para exhumación de los restos de Franco, esté la recuperación de la memoria de los valores de la transición, que nos han permitido disfrutar del mayor estado del bienestar conocido en este País.
Solo la estrechez de miras, de la obligada autocrítica de lo acontecido en este tiempo, en unos y otros, en el último suspiro, de contrarrestar la falta empatía social que transmiten a la sociedad estas actitudes, que se puedan poner en riesgo estos valores.
Mal harán los políticos en subestimar el despertar y fuerza de los movimientos cívicos, que están aflorando al albur de la desconfianza transmitida por nuestros políticos, enrocándose en una bilateralidad en estos contactos, ajenos al resto de partidos constitucionalistas y movimientos sociales, cuando bien se han encargado y se encargan los separatistas, de pregonar el contenido de las reuniones. Porque, no olvidemos que a la postre, lo que preocupa no es la participación o no de un relator, sino el contexto en que se produce y la actitud de una parte minoritaria, pero altamente destructiva de nuestros valores.
En todo ello que desde Foro España aboguemos por una reflexión serena, pero contundente, que no se base tanto en la grandilocuencia de las declaraciones, cuanto en el consenso del problema, que debe imponerse ajeno al pacto social que conlleva el debate y aprobación de la Ley más importante que concita a los políticos cada año, la Ley Presupuestaria.
Jesús Verdes
Socio Fundador